Competencia en el Mercado de Servicios Notariales en el D.F.

Debido a su importancia para una correcta especificación de los derechos de propiedad y su impacto en la economía, el mercado de servicios notariales ha estado bajo el escrutinio no solo desde la perspectiva de la literatura de competencia económica, sino también de diversas autoridades de competencia y países en el mundo. Diversos estudios de organismos internacionales como la OCDE han estudiado el sector desde la perspectiva de regulación y competencia económica.

México no es la excepción. Recientemente, la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC) y el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) realizaron estudios sobre el tema desde dicha perspectiva. Estos estudios concluyen en la necesidad de diseñar una política pública de competencia en el ramo de los servicios notariales cuyo eje sea incrementar el número de notarías para corregir las fallas de mercado.

No obstante, aunque dichos estudios constituyen un primer esfuerzo sobre el tema en nuestro país, no brindan una visión integral y comprensiva de las condiciones de competencia del mercado de servicios notariales. Más aún, el diagnóstico de la problemática de competencia que identifican no es del todo correcto. Considero que el tema es más complejo y que su atención no puede reducirse exclusivamente a una cuestión relativa a la oferta económica. Existen otros factores de demanda (por ejemplo de demanda como el ingreso, el nivel de educación, entre otros) que también son parte de la problemática de competencia respecto al mercado de servicios notariales.

El “espectro de competencia” en el mercado de servicios notariales en el Distrito Federal se compone por 240 notarias y 80 corredurías públicas distribuidas en las 16 delegaciones.[ Como se puede observar, tanto las notarías como las corredurías se concentran en pocas delegaciones. Tres delegaciones concentran el 65% de las notarías; Benito Juárez (56), Miguel Hidalgo (53) y Cuauhtémoc (47).

Llama la atención que son las mismas delegaciones las que concentran el 63% de las corredurías públicas. Aunque el grado de "impugnación" de las corredurías es menor, es decir, la ley sólo le permite a las corredurías "competir" en el rubro de servicios mercantiles, es interesante observar que "estratégicamente" las corredurías, que también cuentan con fe pública, están ubicadas en las mismas zonas que las notarías.

Las notarías y las corredurías prácticamente presentan la misma distribución en las delegaciones del D.F. En este contexto, resulta pertinente preguntarse si entre los factores a los que se puede atribuir este fenómeno, se encuentra un tema de barreras a las condiciones de competencia desde la perspectiva de la nueva Ley Federa de Competencia Económica.

 

Por otro lado, las delegaciones con pocas notarias como Azcapotzalco (7), Gustavo A. Madero (5), Iztacalco (2), Iztapalapa (2), Magdalena Contreras (1) y Xochimilco (1), no cuentan con ninguna correduría pública.

Desde la perspectiva de densidad poblacional, las delegaciones más pobladas tienen una tasa de notarios por cada 100 mil habitantes inferior a las menos pobladas. Por ejemplo, las delegaciones más pobladas: Gustavo A. Madero e Iztapalapa, presentan tasas de notarios de solamente 0.28 y 0.11 respectivamente, mientras que las delegaciones como Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, poseen tasas de 14.53, 8.84 y 14.21 respectivamente. El mismo comportamiento presentan las tasas de corredurías por cada 100 mil habitantes; las delegaciones menos pobladas cuentan con las tasas mayores, mientras las delegaciones más pobladas ostentan las tasas menores.

En este contexto, una política de competencia que tenga como objetivo central el aumento de disponibilidad de notarías con base en criterios de densidad poblacional y de indicadores de tasa de notarios (notarios por habitante o habitantes por notario), no es plausible, y por tanto no debería ser deseable desde una perspectiva de eficiencia económica.

El diseño y discusión de la política de competencia  en este mercado debería tener como piso mínimo tres directrices: i) diseño de “notarias de bajo costo” o “impugnación de mercados” en zonas geográficas específicas por parte de las corredurías públicas; ii) programas de transferencia para familias de bajo recursos; y iii) promoción del acceso a créditos o subsidios que reduzcan los costos.